La Constitución de la República del Ecuador del año 2008 fue catalogada como una de las mejores del mundo por sus garantías legales en un estado de derechos y su estructura que promovía y facilitaba la participación y el control ciudadano.
En el año 2018 como fruto de la campaña de diálogo del Gobierno Nacional se promovió una consulta popular que modifique el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que sus consejeros y consejeras sean electos mediante votación universal, directa y secreta.
Es necesario asumir la autocritica y decir que ingenuamente varios creímos en una propuesta de la que no pudimos prevenir que tan solo se trataba de una de las más bajas estrategias políticas para repartir el poder entre la oligarquía y sus secuaces. Nos prometían que era el momento de los jóvenes y pusieron en el poder a una persona de más de 80 años al frente y a ningún joven entre sus consejeros, nos dijeron que se mejoraría las instituciones del estado y se destruyó todo proceso de institucionalización dejando hasta meses sin representantes en instituciones, decían que se mejoraría los procesos de concurso público y ganó una fiscal con una nota de 10/20 en el examen.
Muchos son los ejemplos del daño causado al país por el CPCCS transitorio que lamentablemente las y los ciudadanos permitimos al otorgar ese poder en la consulta del 2018, pero, tal como determinó esa misma consulta en un año se debía elegir a las y los nuevos consejeros, es así que, en las últimas elecciones del 2019 el pueblo Ecuatoriano expresó su voluntad en las urnas.
Las y los consejeros electos en esas urnas fueron entonces la expresión legítima y democrática de las y los ciudadanos, hoy, con asombro vemos que la Asamblea Nacional destituye a 4 consejeros sin ninguna prueba o razón legal, ni siquiera lógica, sobrepasando la voluntad del pueblo y a la misma ley.
Tal parece que la Asamblea Nacional responde solamente a los interés del Gobierno Central que en pacto con la derecha, hacen y deshacen, en nuestras leyes y nuestras instituciones, en favor de los grandes grupos económicos y de salvar sus puestos y cargos. Nos preguntamos: ¿por qué no se ha hecho juicio político a María Paula Romo por la falta de capacidad para brindar seguridad al país? O ¿por qué no se ha hecho juicio político a Richard Martínez por engañar y no saber responder sobre el dinero de los jubilados? ¿Por qué no se han investigado casos de corrupción como inapapers o el mal uso de helicópteros policiales?
Desde la FEUE Nacional rechazamos rotundamente este nuevo atropello y aclaramos que no se trata de preferencias políticas sino de respeto a la ley y a la democracia.
Hacemos un llamado a la ciudadanía y a las organizaciones sociales a tener un debate de altura que no se base en la empatía o apatía con cierta corriente política u otra, debemos eliminar los fanatismos y hacer respetar las formas y los procesos políticos, no queremos vivir en un país de nadie donde manda la ley del más vivo y el que más conciencias pueda comprar, tampoco se trata de controlarlo todo o de politizar la justicia como se busco en los años de la revolución ciudadana.
Si la Asamblea Nacional cree tener la facilidad y el poder para ir en contra de la voluntad del pueblo ecuatoriano entonces el pueblo debe enseñarle que nosotros somos los verdaderos dueños del poder, por tal razón, invitamos asi mismo a las organizaciones sociales a la recolección de firmas para solicitar se cumplan con los juicios políticos de los representantes del gobierno, se investigue todos los casos de corrupción, se investigue los procesos del CPCCS transitorio y finalmente, se destituya a las y los Asambleístas que no han respetado la voluntad de las grandes mayorías.